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Obispos, dejen de hablar en mi nombre

Obispos, dejen de hablar en mi nombre

La semana pasada Horacio Verbitskyi informó en Página 12 el lanzamiento de “un agresivo documento” por parte de la Iglesia Católica que denuncia presiones contra la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica, que aviva el deseo del pueblo de ser nación y de una democracia que no debería construirse agudizando los conflictos sino concretando los ideales de una verdadera amistad social. Que apela a una noción de derechos humanos directamente ligada a la dignidad de la vida desde la concepción hasta su término natural, a la familia fundada sobre el matrimonio entre varón y mujer, que es la base de toda sociedad.

Y todo afirmando su preocupación por una corriente cultural e iniciativas legislativas que dañarían una sociedad así, por ellos, concebida. Al mismo tiempo que afirman que “la educación y el trabajo siguen siendo los instrumentos que les permiten a las personas y a las comunidades ser artífices de su propio destino”.

En estas Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidadii se sostiene que “todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por una dirigencia que no piense sólo en sus intereses, sino que se preocupe prioritariamente por el bien común”. Piden por “la dignidad de nuestros hermanos más pobres en su vida familiar, para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral”. Y hablan de “hipoteca social” para definir una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, idea que junto con el aumento de la droga aparecería asociada a la proliferación del delito y de la consiguiente inseguridad.

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Separación de Iglesia(s) y Estado

Por Cecilia Galcerán Palumbo

El jueves pasado, 10 de enero de 2013, representantes de Iglesias Evangélicas se reunieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para, luego de reinvindicar los avances en materia económico-social logrados por su gestión, pedir igualdad de derechos con la Iglesia Católica. Este es un modo de plantear el tema. Otro modo de hacerlo sería: representantes de iglesias evangélicas, en el marco de los avances económico-sociales del actual contexto político de Argentina, vieron la oportunidad de pedir por la legalidad político-económica de la que goza con exclusividad la Iglesia Católica.

Hay en Argentina alrededor de 15.000 templos evangélicos, según el informe realizado por el programa Marca de Radio de FM La Red, a cargo de la periodista Roxana Russo[1]. En donde Néstor Miguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, aclara que no quieren constituirse en persona pública como la Iglesia Católica, que es la figura jurídica que garantiza su condición de privilegio parecida a la de Jueces de la Nación y más todavía, sino que quieren igualdad de derechos con la Iglesia Católica.

Y afirma Miguez que ello sería fundamental en 2 órdenes: uno, para el funcionamiento institucional (en el informe habla de facilitar la burocracia interna); y el otro, para que si un “ministro religioso quiere asistir a alguien en la cárcel” o en el hospital pueda hacerlo sin tener que pedir permiso a la capellanía católica que goza de tal acceso.

Acceso a poder asistir a la persona desvalida. Visto más de cerca sería: ¿acceso al trabajo encubierto bajo misión ministerial o sacerdotal que pagamos todas las personas que ejercemos ciudadanía? ¿Estabilidad laboral a través del ingreso a la planta permanente de un estado societario que le encarga parte de su función social? Como sea, ha de tratarse sin dudas de una cuestión absolutamente naturalizada por quienes con buena fe no creen en que esto sea posible.

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CAEL expresa su profunda profunda preocupación por las afrentas al laicismo de Estado y el asueto inconstitucional

Desde la Coalición Argentina por un Estado Laico expresamos nuestra profunda preocupación por las graves afrentas al laicismo de Estado que en los últimos días tuvieron lugar a partir de las declaraciones y decisiones de funcionarios/as, legisladores/as y otro/as miembros relevantes del espectro político.

Tras la elección del cardenal Jorge Bergoglio como nuevo papa de la ICAR, asistimos con sorpresa a una serie de actos que ponen en tela de juicio el carácter laico del Estado argentino. Si bien entendemos la carta enviada por la Presidenta de la Nación en términos análogos a las que se envían a otros jefes de Estado con motivo de su llegada al poder, no podemos dejar de observar las circunstancias peculiares del caso, siendo el cardenal Bergoglio una de las principales figuras de la iglesia católica en nuestro país y, como tal, uno de los mayores opositores a los derechos del colectivo LGBT, del acceso al aborto en condiciones equitativas para todas las mujeres, de la enseñanza de educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, entre tantas otras temáticas.

Por ese motivo, la rápida decisión de la Presidenta de asistir a una ceremonia que, por cierto, también constituye un acto religioso de un culto en particular requiere al menos de un trato muy cuidadoso a fin de preservar el carácter neutral que un Estado Laico como el argentino debe sostener frente a la diversidad de creencias y convicciones. Esto requeriría evitar darle a este evento la inusitada relevancia que estaría adquiriendo, tanto por número como por composición, con representantes del oficialismo y la oposición, sectores sindicales y empresarios, entre otros, que integran la comitiva oficial, y que pone una luz de alerta sobre el real significado de esta participación.

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Insultos e intimidaciones en la Legislatura Porteña

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), junto a su organización miembro la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), repudia los insultos, amenazas y acciones intimidantes de grupos fundamentalistas católicos en un debate en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En la tarde de ayer se realizó una nueva audiencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña sobre los proyectos relacionados con símbolos religiosos en edificios públicos. La FALGBT, representada por la Dra. Analía Mas, expresó su apoyo al proyecto de la Dip. María José Lubertino, que promueve el retiro de símbolos de cultos religiosos de los edificios públicos de la Ciudad, y su rechazo al proyecto del bloque PRO, que promueve la ocupación del espacio público con símbolos religiosos de todos los (miles de) cultos reconocidos oficialmente, en particular en las escuelas de gestión pública.

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